viernes, 18 de enero de 2013

EL HORNO ESTÁ CALIENTE!!!!

LA FIESTA DE LA ESPUMA !!!!!!!!!!
¿¿¿¿¿¿¿Espuma??????????...esperemos que no!!!

martes, 15 de enero de 2013

¿REFORMAS? ¿PARA QUIÉN?

ATENCIÓN: Este post no versa sobre nada relacionado con el surf, solo con un sentimiento social que podrían compartir otros ciudadanos. 

 Según el diccionario de la RAE el término política tiene distintos significados entre los que cabe destacar el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados, aquella actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, aquella actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo, y sobre todo, la cortesía y buen modo de portarse, así como el arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. La política ha existido desde que existe sociedad alguna y tradicionalmente no ha sido otra cosa que un instrumento para la resolución de problemas, los problemas sociales, entonces ¿por qué nadie quiere saber nada de política? resulta contradictorio no querer solucionar nuestros problemas; lo que parece ocurrir es que los ciudadanos estamos artos de la denominada “clase política”; son muy pocos, por no decir que parece no existir ninguno, los ciudadanos que con un verdadera vocación de servidores públicos, formados para ello, con firmes valores y convicciones, y que antepongan en todo caso el interés general sobre cualquier interés particular, den el salto para dedicarse en exclusiva a la política como verdaderos y genuinos servidores públicos. Así estamos artos, como ciudadanos y administrados, de escuchar en cualquier noticiario como esta “clase política” campa a sus anchas en cualquier ámbito de la administración, escapando en la mayoría de casos a la acción de la justicia, así que ¿por qué mostrarnos impasibles ante estos actos?. Suerte que no todos los ciudadanos piensan igual y existen personas y asociaciones que denuncian estos actos para que no queden impunes. Ahora bien, ¿qué responderíais si os dijeran que esa posibilidad podría desaparecer? o aún más lejos ¿qué será el propio Gobierno, es decir, ellos mismos, los que decidan si han cometido o no algún tipo de conducta delictiva? Pondríamos el grito en el cielo!!!. 


 Pues esto es otra de las lindezas de algún licenciado en derecho que parece haberse proclamado en el estandarte del cambio jurídico, aprovechando su mayoría política para realizar, sin el consenso y madurez necesarios, cambios muy importantes sobre cuestiones donde la doctrina jurídica no es pacífica o siéndolo, incluso los rechaza; cambios que solo van dirigidos a hacerse un hueco a patadas en los libros y compilaciones de derecho o que su nombre resuene en las aulas de los ya malogrados grados en derecho; no es de extrañar que esos mismos nombres se coreen junto a insultos para echarlos de las mismas; en definitiva, les supera su afán de notoriedad. 

Ya en la facultad y entre otras, muchos estudiantes de Derecho Administrativo le dimos las “gracias” al estudiar los “Municipios de gran población” o “Grandes ciudades”, reforma botín que en última instancia solo buscaba que la perdida de poder político fuera la mínima. Ahora el último capricho tras la imposición de las nuevas tasas por parte del Gobierno, que restringirá el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, que producirá indefensión y creará una justicia para ricos y otra para pobres, pretenden en acabar con el denominado “Sistema acusatorio formal” en el que se basa nuestro proceso penal, a groso modo significa dos cosas, que alguien distinto del juez debe acusar, y que el juez decisor deberá ser distinto al juez instructor o investigador; en la actualidad la instrucción de aquellas conductas que revisten la apariencia de delitos o faltas la realiza un órgano jurisdiccional, caracterizado por su independencia del poder político, me refiero al juez instructor, este es quien decidirá si existen o no indicios racionales de criminalidad; con la reforma lo que se pretende es que no sea un órgano jurisdiccional, independiente del poder político, el que investigue sino que el que lo haga sea el Ministerio fiscal, que pese a lo que nuestra Constitución prevé, es en última instancia un órgano político y por lo tanto será el gobierno de turno el que termine decidiendo, seguro que de forma discrecional, para quienes una conducta será un ilícito penal y para quienes no; aunque lo quieran adornar con un control jurisdiccional en todo caso ¿para qué? que instruya directamente el juez. Pero además se pretende limitar el ejercicio de la “acción penal” por la llamada “acusación popular”, la acción penal es pública y la puede ejercitar cualquier ciudadano, de hecho muchos políticos y altos cargos de renombre han sido juzgados gracias a la acusación popular, limitando su ejercicio, se hace desaparecer esta posibilidad molesta, librándose así de dar explicaciones por sus actos, no solo ante el juez sino también ante la opinión pública, aunque ya parece que ninguno de ambos les importa. 

Pues eso, que nos las están dando por todos lados y ni siquiera hacen “política” sino que hacen “su política”, aquel sálvese quien pueda que se hunde el barco!! los ricos, empresarios y sus mujeres primero!!, no señores, como tanto nos ha repetido España esta constituida en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, entre estos, el poder político, elegidos por nosotros mismos cada cuatro años a través de las elecciones, así que, no elijamos más ladrones con afán de notoriedad y preocupémonos más sobre aquellos en los que depositamos nuestros votos.